Régimen Sancionatorio, castigo o aprendizaje pedagógico

Este documento analiza las implicaciones del régimen sancionatorio establecido en el Decreto 31-2002 y sus reformas, evaluando su incidencia en las buenas prácticas de la gestión pública guatemalteca. El estudio, desarrollado entre 2018-2021, combina métodos cuantitativos y cualitativos, recopilando información de 75 auditores gubernamentales y miembros de Comisiones de Control de Calidad mediante cuestionarios y entrevistas. Los resultados revelan que el 96.5% de las acciones legales administrativas corresponden a sanciones económicas, mientras que solo 3.5% se distribuye entre formulaciones de cargos y denuncias penales. El 73.3% de los encuestados considera que el régimen fortalece las buenas prácticas en la gestión pública, principalmente en probidad, eficiencia y transparencia. Sin embargo, un 26.7% identifica limitaciones relacionadas con la ambigüedad de algunos numerales y la insuficiente cobertura del catálogo de infracciones. El estudio demuestra que tres elementos clave potencian la efectividad del régimen: la aplicación oportuna de sanciones, la apertura a prueba como mecanismo de contradicción, y el seguimiento sistemático a recomendaciones. La propuesta técnica resultante sugiere actualizar los 26 numerales del artículo 39, mejorar redacciones ambiguas, e incorporar infracciones relacionadas con el control interno gubernamental. Se concluye que una reforma bien diseñada transformaría el régimen de un instrumento meramente punitivo a una herramienta que promueve aprendizaje institucional y cultura de integridad, donde la sanción enseña más de lo que castiga.